Debate Abierto

El presidente Clinton expuso hace poco su tácito apoyo a la conversión de Puerto Rico en el estado número 51 de EE.UU, un supuesto favor concedido al pueblo boricua al cumplirse este año un siglo de la ocupación norteamericana de la isla caribeña.

Aunque los independentistas quedaron en minoría en las elecciones de los últimos años, la mayoría de los puertorriqueños se pronunció por mantener su nacionalidad, léase bandera e idioma español, entre otros atributos.

Es difícil imaginar a la isla borícua sin las condiciones económicas que le propicia el apadrinamiento de Washington, dirigido en realidad a mantener bajo control a ese pequeño territorio, una gigantesca base militar en el Caribe.

Ahora Clinton se decidió a respaldar la iniciativa del representante republicano por Alaska Don Young, quien presentó un proyecto de ley para realizar un referéndum en Puerto Rico que favorecería desde el principio al voto anexionista.

Pero en Puerto Rico la mayoría de sus habitantes prefieren el actual estatuto del Estado libre asociado (ELA), pues los propios representantes del partido gobernante (anexionista) fracasaron en sus internos de convencer a los legisladores estadounidenses de la necesidad de que la isla boricua sea un Estado.

Los congresistas estiman que después de casi cien años de concluir el proceso de ocupación de otros territorios y la consecuente americanización de su población, será muy difícil aplicar la misma política en la isla boricua, de tradición hispana. El principal pro¬blema lo representa la lengua española, que es el idioma más hablado por los boricuas pese a la centuria de control estadounidense.

El intento de Young de realizar un plebiscito en Puerto Rico fracasó el pasado año, pero Clinton decidió dar su espaldarazo al proyecto, lo que está lejos de significar que tenga éxito, pues la resistencia es fuerte. Un grupo de la derecha llamado Impacto 200 lanza campañas para advertir sobre las "devastadoras consecuencias de la entrada de la isla caribeña a la unión americana y compara el futuro del estatuto boricua con el espinoso tema de la provincia canadiense de Quebec.

Algunos congresistas opuestos al proyecto de la ley Young, señalan que es mejor dejar en las espaldas de las autoridades puertorriqueñas la responsabilidad de la mayoría de los gastos públicos, que de convertirse la isla en Estado serían mucho mayores.

Algunos observadores indican que la consulta popular está dirigida a lograr la anexión de Puerto Rico, pues el pretendido objetivo de que sus habitantes se pronuncien o no por su independencia esconde la negativa a poner en prácticas resoluciones de la ONU referidas a la descolonización de esa isla.

Según el diario The Washington Post, el proyecto de ley precisará los detalles financieros, políticos y lingüísticos. Tras la definición del destino entre la alternativa anexionista o independentista, Estados Unidos tendrá una década para aplicar un proceso de transición. La iniciativa de Young fue aprobada por 44 votos a favor y uno en contra en el comité de recursos de la Cámara de Representantes. Sin embargo, se pronostica un largo debate cuándo el texto se presente ante el pleno de la Cámara baja, en especial en tomo a los dos senadores y seis representantes que por ley le correspondería al futuro Estado.

En opinión del citado periódico, algunos congresistas harán del tema boricua una tribuna para lanzar su estrategia a favor de convertir al inglés en el idioma oficial de Puerto Rico.

La mayor oposición se encuentra en el Senado.

Para este mes la batalla se recrudecerá en la Cámara baja, pues la frase "independencia para Puerto Rico" se pronunciará poco en los debates, a juzgar por la forma en que se refirió el presidente a los boricuas en un reciente discurso ante la Asociación Nacional de Gobernadores Demócratas (ANGD).

"Es hora de que respondamos a las aspiraciones de casi cuatro millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí (en Puerto Rico) y les permitamos determinar su estatuto político definitivo", estimó Clinton. Pero el ELA por ahora da posibilidades a Estados Unidos de controlar asuntos puertorriqueños, como ciudadanía, defensa, moneda, relaciones internacionales y comercio, entre otros. El actual estatuto fue implantado en 1952 y sometido a referéndum en 1967, cuando recibió el 60,41 % de los votos. En otro sondeo en 1993, el ELA obtuvo un respaldo de 48,4%, contra el 46,2% del anexionismo.

Los anexionistas como el gobernante de Puerto Rico, Pedro Roselló, quien preside la ANGD, realizan un intenso cabildeo en Washington a favor de convertir a la isla en el 51 estado norteamericano.

En esa ciudad Roselló se enfrenta a las gestiones de Aníbal Acevedo Gil, líder del Partido popular Democrático, defensor del ELA.

Sin embargo, la verdadera opción, el proceso de descolonización a través de los mecanismos de Naciones Unidas, está lejos de ser uno de los favores que concederá Clinton a los boricuas.