Jorge Barreiro

Al menos desde la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, el tema del cambio climático viene siendo zarandeado sin pena ni gloria en foros y encuentros internacionales. De gloria sólo podría hablarse si se consigue persuadir ya que no hay mecanismos coercitivos disponibles- a los responsables de las emisiones que potencian el llamado "efecto invernadero", y el cambio climático global, para que las reduzcan drásticamente. Las penas, en cambio, están garantizadas si se mantiene el actual modelo de consumo energético y desarrollo industrial. 

Precisamente la reducción de esas emisiones ha sido el centro de la discordia en todos los eventos anteriores y en la presente cumbre japonesa de Kyoto. Ni siquiera la propuesta formulada en Río 92 por los países de la Unión Europea de reducir para el año 2000 las emisiones a los niveles que tenían en 1990 fue aceptada por el gobierno de Estados Unidos, demasiado atento entonces -y ahora- a las presiones de la industria, de los consumidores domésticos y de los indicadores sobre desempleo. La Convención sobre Cambio Climático que se firmó en aquella ocasión sólo estableció un compromiso (que no preveía sanciones) de alcanzar las metas propuestas por los europeos, lo que la convirtió en un decálogo de buenas intenciones. 

En los últimos años, sin embargo, las investigaciones científicas, la presión de los movimientos ecologistas y algunas evidencias climáticas ha conducido a los gobiernos a abandonar sus reservas sobre la realidad del cambio climático, que ya no es atribuido a las fantasías apocalípticas de los pesimistas de turno. 

EL EFECTO INVERNADERO.  

Aproximadamente la mitad de la energía entrante es absorbida y reflejada por la atmósfera con sus nubes y polvo, mientras la otra mitad es absorbida y reflejada por la superficie de la Tierra. La energía entrante queda compensada por la radiación saliente en longitudes de onda de infrarrojos más largas entre la Tierra y la atmósfera. Varios gases que se producen en forma natural en la atmósfera (vapor de agua, dióxido de carbono, metano, etcétera) devuelven gran parte de la energía solar de onda larga a la Tierra, lo que permite que se calienten las masas de aire cercanas a la superficie terrestre. Sin este "efecto invernadero" natural, el planeta seria inhabitable para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, con el desarrollo industrial y el mayor consumo de energía durante las últimas décadas, este fenómeno se ha intensificado. Las actividades de la industria, el transporte, el consumo de energía doméstica y algunas agropecuarias han contribuido, según las conclusiones de la 11 Conferencia sobre el Clima de 1990, a intensificar el "efecto invernadero" natural y al calentamiento de la superficie del planeta. A ello hay que sumar la lenta pero sostenida deforestación de las selvas tropicales, ya que debido a su actividad fotosintética, los árboles absorben C02, y evitan que se acumule en la atmósfera. 

De no tomarse medidas al respecto, la tierra aumentará su temperatura media en 2,5 grados en el próximo siglo, un cambio sin precedentes en los últimos 10 mil años. Las consecuencias de estos cambios serían dramáticas: elevación del nivel de los mares, modificaciones en el régimen de los vientos y precipitaciones, con las inevitables repercusiones sobre cosechas, seguridad alimentaría, comercio, pérdida de biodiversidad, extensión de enfermedades a regiones antes impensadas, etcétera. 

Que el cambio climático produciría una elevación del nivel de los mares ha sido ya prácticamente aceptado por todos los conocedores del tema. El origen del fenómeno residiría en el deshielo de los casquetes polares. Sea como fuere, los expertos pronostican una elevación de un metro en el nivel de los mares durante el próximo siglo. Una auténtica catástrofe para las poblaciones costeras de numerosos países asiáticos. Algunos estados insulares podrían desaparecer literalmente del mapa y otros deberán enfrentar graves problemas económicos y sociales como consecuencia de la inundación de tierras cultivables. 

Por lo menos dos estudios preparados especialmente para la cumbre de Kyoto confirman estas previsiones pesimistas. Uno de ellos, elaborado por más de 400 médicos y científicos, algunos de los cuales obtuvieron el Premio Nobel, sostiene que existe un vínculo evidente entre el aumento de la temperatura del planeta y el surgimiento de nuevas enfermedades o la reaparición de otras que se creían extinguidas, ya que los cambios climáticos alteran el ciclo habitual de pestes y trasmisores de gérmenes que se extienden a nuevas regiones. La propagación de enfermedades trasmitidas por mosquitos es un claro ejemplo de ello. El hecho de que tanto la malaria como el dengue y la fiebre amarilla hayan llegado a zonas montañosas de África Central, América Central y algunas regiones de Asia prueba que el aumento de las temperaturas permite a los mosquitos sobrevivir en regiones donde antes no les era posible. Con todo, el informe indica que lo más preocupante es la contaminación del aire que provocan las emisiones. Según Paul Epstein, uno de los médicos del equipo que elaboró el estudio, durante la segunda década del próximo siglo morirán ocho millones de personas al año por enfermedades respiratorias. 

El otro informe fue preparado por el Panel Intergubermamental sobre Cambio Climático (PICC), creado a instancia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988, e integrado por más de 2.000 expertos de diversas nacionalidades. Según sus conclusiones, América Latina seria el segundo continente más vulnerable al cambio climático, después de África. El estudio del PICC señala que las emisiones crecientes de gases de efecto invernadero afectarán extensas zonas de selva y cordillera en el continente, ya que los ecosistemas montañosos y las zonas de transición entre distintos tipos de vegetación son extremadamente sensibles y vulnerables a pequeños cambios de temperatura. El cambio climático se sumaría así a otros fenómenos de larga data, como la deforestación de la Amazonia, lo que provocaría la pérdida de biodiversidad, la variación en el régimen de lluvias y contribuiría a una reducción en el rendimiento de las cosechas en varios países latinoamericanos, incluido Venezuela. 

QUIÉN SE HACE CARGO 

Siguiendo al ya citado PICC, el dióxido de carbono (producido por la quema de combustibles fósiles y la deforestación) es responsable del 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero; el metano (cuyas fuentes son los arrozales, la producción ganadera y los combustibles fósiles) lo es del 20 por ciento y, en porcentajes menores, el óxido nitroso (presente en fertilizantes nitrogenados o generado por la deforestación) y los clorofluorocarbonos (etc), utilizados en aerosoles, refrigeradores y espumas. 

Si, en cambio, se atiende al origen nacional de las emisiones per cápita, las palmas se las lleva Estados Unidos (con más del 20 por ciento de las emisiones totales y el 4 por ciento de la población mundial), seguido de Canadá, Japón, los países de la Unión Europea y del antiguo bloque socialista, que, sumados, son responsables del 90% de las emisiones totales.

En términos absolutos China e India también realizan un aporte nada desdeñable. 

Las "soluciones" con que llegan los representantes de los 160 países que se dieron cita en Kyoto expresan en parte las presiones que sufren cada uno de ellos (de otros gobiernos,. de las grandes empresas y de sus propios ciudadanos). Una reducción generalizada y pareja en todos los estados ignoraría la mayor responsabilidad que tienen los países desarrollados en el cambio climático. Tal vez por ello, las 150 naciones que pertenecen al aún llamado Grupo de los 77 proponen una reducción del 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para todos los países en el 201 O y otro 35 por ciento sólo para los países más desarrollados- para el 2020. Una distinción que, según alegan, les permitiría alcanzar los niveles de desarrollo y consumo que hasta ahora le han sido negados. Claro que si India o América Latina tuvieran el mismo nivel de emisiones que los países desarrollados se necesitarían los recursos naturales de siete planetas para hacerlo posible. 

En rigor, el Reino Unido, para citar un ejemplo, debería reducir sus emisiones en un 80 por ciento para establecer una suerte de pacto de justicia, que permitiera aumentar las emisiones de los llamados países en vía de desarrollo. 

La propuesta de la Unión Europea consiste en reducir en 15 por ciento las emisiones respecto a los niveles de 1990 para el año 2010, mientras el presidente estadounidense William Clinton anunció que su gobierno "tal vez" estaría dispuesto a "estabilizar" las emisiones en los niveles de 1990 para una fecha tan incierta como "el 2008 o el 2012". A mitad de camino entre ambas posturas y dispuesta a "negociar" con una actitud flexible-, la delegación venezolana zarpó hacia Japón con la modesta propuesta de reiterar las recomendaciones de la Eco-92, es decir, mantener en el 2000 el nivel de emisiones de 1990. 

La iniciativa más radical proviene de los estados insulares del Pacífico, cuyos representantes llegaron a Japón con la idea de que para el año 2005, todas las naciones reduzcan un 20 por ciento sus emisiones respecto a las de 1990. Es que para ellos el cambio climático no es una discutible especulación científica, sino que el aumento del nivel de los mares resultantes de ese cambio constituye una cuestión de simple supervivencia. 

Con todo, la disputa sobre quiénes contribuyen más al cambio climático trasciende lo que tradicionalmente se ha entendido como conflicto Norte-Sur. En primer lugar, porque las emisiones no están equitativamente repartidas en cada una de las sociedades (sean éstas del Norte o del Sur). En segundo lugar, porque los muy "sureños" países productores de petróleo no quieren oír hablar de responsabilizar al uso de combustibles fósiles por el cambio climático que se está produciendo. Otros países en desarrollo tampoco están dispuestos a comprometer las elevadas tasas de crecimiento económico que han alcanzado en los últimos años. En tercer lugar, porque los consumidores de los cinco continentes no se dejan convencer fácilmente sobre las bondades de reducir las emisiones, lo que implicaría ajustarse el cinturón en lo que atañe al consumo de energía. Esta falta de disposición de los ciudadanos condiciona la conducta de sus respectivos gobiernos, que ya tienen suficientes problemas con el desempleo como para andar multiplicándolos por motivos ecológicos. 

Finalmente, otro factor de peso que trasciende los conflictos entre gobiernos es el papel de algunas grandes empresas, que han pasado a la ofensiva y realizan un agresivo lobby para boicotear cualquier acuerdo que implique reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Shell, Exxon, Texaco, General Motors, entre otras corporaciones, forman parte de una coalición empresarial que pretende "informar verazmente" sobre el cambio climático. Para ello decidieron invertir nada más y nada menos que 13 millones de dólares para advertir sobre la catastrófica pérdida de puestos de trabajo y las incomodidades que deberán padecer los ciudadanos en invierno si se adoptan compromisos sobre volúmenes y fechas para reducir las emisiones. 

Las empresas vinculadas con la producción y/o comercialización de bienes y servicios que suponen emisiones de gases de efecto invernadero tienen sus motivos para estar preocupadas y seguramente no es ajeno a ello el hecho de que no se haya podido implementar hasta ahora lo que algunos científicos y ambientalistas consideran la alternativa más justa: un impuesto a las emisiones que penalice al responsable de las emisiones y no a un país en particular. El pavor a la eventual pérdida de competitividad que generaría una medida de esa naturaleza la hace impensable sin un consenso entre las naciones económicamente más poderosas. Y no parece que los desvelos de los reunidos en Kyoto pasen por allí. Ni siquiera los de los países en vías de desarrollo, que suelen emplear su "derecho al crecimiento" como moneda de trueque para obtener recursos económicos a cambio de reducir sus emisiones. Tan es así que, de seguirse con el actual modelo de desarrollo, entre la segunda y la tercera década del próximo siglo las emisiones de los países en desarrollo habrán superado las de los países desarrollados._ 

Otra medida manejada por los movimientos ecologistas y científicos consiste en determinar qué nivel de emisiones es capaz de soportar la atmósfera sin daños irreversibles y luego establecer, en función de la población, el "cupo" de emisiones que le corresponde a cada país. Sugerida la idea, no faltaron quienes la "complementaron" con un barniz ecoliberal: la administración Clinton avanzó la idea de permitir la compra  venta de los cupos entre países. Quienes emitan menos gases que en 1990 podrían vender su derecho a contaminar a aquellos que hayan sobrepasado sus cupos. Una manera nada sutil de abortar el invento antes de que nazca.