Gastón Parra Luzardo *

La presencia y la influencia del poder petrolero transnacional no desaparecieron con la promulgación de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. "El articulo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera ahora de actualidad". Desde el inicio de la promulgación de la Ley de Nacionalización surgieron los contratos de comercialización y de asistencia técnica, mediante los cuales los ex-concesionarios conservaron sU dominio sobre la actividad petrolera. Continuaron los contratos para la formulación de los llamados megaproyectos para explotar el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, firmado con la Bechtel Corporation, que al final resultó en un rotundo fracaso con significativas pérdidas de millones de dólares para el país. 

Posteriormente, fueron firmados 14 contratos con empresas privadas internacionales para la "re activación de campos marginales o inactivos" bajo la denominación de "convenios operativos", con lo cual se evitaba tener que recurrir al Congreso de la República para su aprobación. Conviene precisar que los llamados "campos marginales" fueron calificados así, dada la baja productividad de sus pozos, cuando el precio del barril del crudo era inferior a los 2 dólares; pero a los precios actuales, esos campos dejan de ser marginales. De igual manera, bajo la modalidad de "convenio operativo", fue suscrito un acuerdo con la empresa Chevron, con el objeto de iniciar actividades de producción en el Campo Boscán, estado Zulia. 

Con la finalidad de poner en práctica una mayor apertura petrolera, cónsona con el proceso de la globalización del capitalismo, PDVSA impulsó las llamadas "Asociaciones Estratégicas "para la realización de las mismas el Congreso Nacional aprobó las condiciones por las cuales deberán regirse los contratos por firmarse. De esta manera fueron autorizados los convenios de asociación entre las empresas Maraven, S.A. y Conoco INC.; entre Maraven Total Itochu y Marubine; y entre Lagoven con Exxon, Shell y MitsubishU Los dos primeros convenios tienen como finalidad la explotación y mejoramiento de petróleos extra pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco y el tercero con el objeto de explotar y comercializar el gas natural proveniente de los yacimientos ubicados costa afuera al norte del estado Sucreo Este proyecto denominado "Cristóbal Colón", fue calificado por reconocidos expertos sobre la materia de inviable, de no conveniente para el país. 

Dos años después de haber sido suscrito el convenio (1994), las empresas Shell, Exxon, Mitsubishi y Lagoven anunciaron postergar el mencionado proyecto.) Un documento interno de PDVSA reveló que para el momento de su aprobación el proyecto "Cristóbal Colón" era el de menor rentabilidad financiera de toda la industria petrolera (Véase cuadro). Pero las transnacionales lograron su objetivo de contar con un texto legal, mediante el cual pudiesen regresar al país. 

Otros proyectos asociados a la Faja del Orinoco, tales como los acordados entre Lagoven con la Mobil y Corpoven con la empresa Atlantic Richfield (ARCO), se encuentran en proceso y para completar una fase más en el avance progresivo y sin límites de la privatización petrolera se firmaron los "Convenios de Asociación" para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.⁴ 

La privatización de Petróleos de Venezuela se desarrolla a toda velocidad. Ciertamente, además de las acciones acordadas y ejecutadas hasta el presente, se acometen con apremio otros proyectos destinados a consolidar y desarrollar la participación del sector privado internacional. Tal cual afirmaba el propio presidente de PDVSA, Ing. Luis Giusti: "La apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales "Es una estrategia global de apertura de espacio para el capital privado". 6 Bajo esa concepción, fue creada Deltaven (empresa comercializadora que integra y coordina todas las actividades de mercadeo al detal de PDVSA) con el objeto de privatizar la comercialización interna de los hidrocarburos. Con el fin de lograr ese objetivo, PDVSA considera conveniente derogar la Ley del Mercado interno de hidrocarburos y a tal efecto, presentaría al Congreso de la República, a través del Ejecutivo Nacional, un nuevo proyecto de ley para proceder a la apertura del mercado nacional al sector privado transnacional⁷ 

De nuevo, bajo la modalidad de "Convenios Operativos", se ofrecerán, fundamentalmente a las corporaciones petroleras internacionales, veinte (20) campos "inactivos", que cubren un área de 7 mil 800 kilómetros cuadrados y comprenden unos 3 mil pozos, de los cuales 700 están produciendo actualmente unos 66 mil barriles de crudos livianos y medianos.

Estas veinte unidades serán entregadas, como las 14 anteriores, con tasas impositivas del 34% y según Ramón Espinosa, economista Jefe de Petróleos de Venezuela, sin pago por concepto de regalía.⁸ 

De igual manera se avanza en el proyecto de Ley de Estímulo y Desarrollo de las actividades del Estado en materia de petroquímica, carboquímica y similares, que se encuentra en el Congreso para su discusión, con el propósito firme de proceder a la privatización de la Petroquímica (Pequiven).⁹ 

Asimismo, fue anunciada por PDVSA la creación de la Sociedad de Fomento de Inversiones Petroleras (SOFIP) bajo el atractivo objetivo de fortalecer el ahorro interno y promover la participación directa del venezolano en el sector petrolero a través de títulos ofrecidos en el mercado de capitales, para ampliar las opciones de financiamiento de la industria en proyectos petroleros, petroquímicas, gas, carbón, orimulsión, así como participaciones en las empresas mixtas de las asociaciones filiales privadas nacionales y extranjeras. El mensaje del presidente de Petróleos de Venezuela, correspondiente al informe anual de 1995, se señala entre otras iniciativas de apertura, la "creación del Fondo de Inversiones Petroleras, mediante el cual el ciudadano común, por primera vez en nuestra historia, podrá invertir en los proyectos del sector petrolero". En nuestro criterio, ese propósito es pura ilusión e incita al engaño. Lo cierto es que se trata de ganar terreno para imponer las ideas profundamente privatizadoras en perjuicio de los intereses verdaderamente nacionales. En un país como Venezuela, donde predomina una desigual distribución del ingreso, con un 80% de la población sumida en la pobreza y donde el 54% de la población económicamente activa percibe ingresos que oscilan entre 15.000 y 50.000 bolívares mensuales, cuando el valor de la canasta alimentaría se ubicó para diciembre de 1996, en Bs. 130.000 y el de la cesta básica, en Bs. 260.000, no es posible concebir realmente una capacidad de ahorro del venezolano común, por lo menos de la gran mayoría de la población, para destinarlo a los fines de invertir a través de títulos en el mercado bursátil en la industria petrolera. Puede ocurrir que los estratos con ingresos superiores y que constituyen la minoría y con toda seguridad sectores transnacionales, sean los verdaderos beneficiados. 

Pero la apertura petrolera no concluye con esos proyectos. Los mentores y ejecutores de la "transnacionalización globalizadora" laboran permanentemente para lograr la reforma radical de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y del marco legal que rige el funcionamiento de la empresa estatal con el propósito de proceder a la venta de acciones de PDVSA. De igual modo, se pretende (vieja aspiración) la modificación de la Constitución de la República, en especial del artículo 97, donde se establece que "El Estado podrá reservarse determinadas industrias o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional, y propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control" . 

La venta de acciones de PDVSA y el dominio transnacional 

En ese orden de ideas, el propio presidente de PDVSA, Luis Giusti, afirmó: "Yo creo que para cualquier empresa como PDVSA, sin menoscabo para nada del control de la autonomía nacional, sería muy saludable tener un 15 por ciento en el mercado de capitales" y agregó: "Todo esto va en la dirección de la mayor participación de los privados en la industria petrolera" .¹⁰ 

Por supuesto, declaraciones de esta naturaleza revelan una vez más, a lo largo de los veinte años de haberse puesto en vigor la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que la cúpula de Petróleos de Venezuela, no solamente se limita a las funciones para las cuales fue creada, sino que ha impuesto la política por desarrollar, desplazando y arrinconando al Ministerio de Energía y Minas. Afortunadamente, en esta oportunidad el Ministro de Energía y Minas sentenció que: "Los yacimientos ni se prestan, ni se venden ni se regalan". Pero lo realmente importante es que este juicio se mantenga en el tiempo y no aducir, en el futuro, interpretaciones de otra índole. 

En todo caso, para que una propuesta como la formulada por los ideólogos y propagandistas de la apertura ilimitada sea efectiva, requiere de la modificación de la "Ley de Nacionalización" y, específicamente, del decreto mediante el cual fue creada la empresa estatal (Petróleos de Venezuela S.A.). En el propio informe anual de PDVSA de 1994, se señala, cónsone con lo establecido en la cláusula sexta de los Estatutos de la Empresa, que "El capital social está dividido en acciones de Bs. 25 millones cada una, que no pueden ser enajenadas ni gravadas en forma alguna" (Destacado nuestro). 

Pero es innegable, dado el poder que ejerce PDVSA y la afirmación del dominio transnacional, que no debe extrañar ni sorprender que el Ejecutivo Nacional, a solicitud de la industria petrolera, modifique el decreto^l2 mediante el cual se rige el funcionamiento de la empresa estatal petrolera y someta a la consideración del Congreso Nacional la reforma de la vigente Ley de Nacionalización Petrolera. Infaliblemente, en el país existe una arremetida contra los intereses nacionales, de forma tal que representantes de la clase dirigente transnacionalizada, políticos, intelectuales, etc., desde hace tiempo, se han dedicado a la siembra de la desnacionalización. 

La privatización de PDVSA no es conveniente para el país, no solamente por razones estratégicas, políticas y sociales, que constituyen esencia de soberanía nacional, sino también porque existen argumentos desde el punto de vista económico y comercial, es decir, el considerar a la industria como instrumento de negocio válido para continuar defendiendo la tesis de la auténtica nacionalización petrolera y de los verdaderos intereses nacionales. 

En todo caso ¿por qué propiciar la disminución de ingresos por concepto de impuestos y dividendos? 

¿Por qué compartir con los inversionistas extranjeros, el sacrificio fiscal que ha hecho el Estado, al otorgar extraordinarios incentivos fiscales y monetarios a PDVSA, supuestamente, para su propio desarrollo? 

¿Cuál es el valor de las acciones de PDVSA? El valor nominal de cada acción de Petróleos de Venezuela, según libros es de 25 millones de bolívares que a la tasa de cambio actual equivale a 53.191 dólares. Al venderse el 15 por ciento de las acciones se obtendría un ingreso de 196.966.273 dólares. Por supuesto, el valor real de las acciones es mucho mayor que lo indicado, así, por ejemplo, hay quienes han calculado que el valor de PDVSA debe estar alrededor de los 80 mil millones de dólares, lo que significaría una recaudación, por la venta del 15% de las acciones, de 12 mil millones de dólares. En caso de lograrse la venta de las acciones en la bolsa de valores por la suma indicada, lo cual va a depender de muchos factores¹³, ¿se solucionaría, entre los agudos problemas económicos y sociales, realmente el de la deuda externa del país que asciende a más de 40 milo millones de dólares y se coadyuvaría con el desarrollo integral de la nación? 

Indudablemente que no se trata de obtener unas cuantas divisas más a cualquier costo; en todo caso lo que más debe importar es que a través de esas negociaciones las transnacionales del petróleo se queden, mediante la propiedad privada, con la capacidad de control de la industria petrolera nacional, horadando la efectividad de la toma de decisiones propias para llevar a cabo políticas esenciales. 

Es evidente que el objetivo es cercenar el poder de decisión del Estado en su industria fundamental, impedirle planificar, desarrollar y aplicar soberanamente la auténtica estrategia económica, política y social que el país requiere para satisfacer las necesidades esenciales y actuar de manera independiente frente al mundo. 

La propuesta de la venta de acciones de la empresa petrolera nacional y su privatización integral no solamente es defendida por la cúpula de Petróleos de Venezuela y, por supuesto, de los monopolios energéticos internacionales, sino también por dirigentes de la clase política¹⁴ y económica del país, que de igual manera, sustentan la posición de vender parcial o totalmente las acciones de PDVSA. 

Por supuesto, que ante ese concierto de opiniones, también han surgido otras provenientes de las universidades, instituciones, organizaciones sociales y de alguno que otro partido político que ha manifestado públicamente su rechazo a la privatización de Petróleos de Venezuela. 

En ese sentido, se pronunció la Cámara de Diputados del Congreso de la República, al acordar después de la exposición de incuestionables y razonables argumentos: 

Primero: Rechazar, como un hecho inconveniente desde el punto de vista de 'os intereses económicos y políticos del país, la posible privatización parcial o total de PDVSA y sus filiales". 

Segundo: "Exhortar al Ejecutivo Nacional, a la luz del debate planteado, a fijar y definir públicamente las líneas fundamentales de su política de hidrocarburos".¹⁶ 

Pero es indudable, en razón de la verdad, que el proceso de privatización de la industria petrolera marcha con celeridad y todo conduce, en definitiva, a la metamorfosis de la propiedad pública colectiva (dominio del Estado) en propiedad privada transnacional, dando muerte, de esa manera, al decreto del Libertador en Quito, el 24 de octubre de 1829, donde se establece que: 

"Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase corresponden a la República". 

Ciertamente, existe el firme propósito de que el Estado se despoje de los derechos y atribuciones que le otorga la Constitución Nacional. Bajo esa concepción se sustenta la tesis de que los yacimientos petroleros deben pasar de la propiedad del Estado a la propiedad de la Nación. Así, por ej.: Alberto Quiroz Corradi, sostiene que a lo que no tiene derecho el Estado es a convertirse en propietario de lo que es de todos...""y enfatiza "yo quisiera sustituir el modelo de estatificación centralista, por una verdadera nacionalización de los recursos del país, en cabeza de sus ciudadanos. Pasando la producción de esos recursos del Estado a la Nación, de bienes estatales a bienes comunes",¹⁷ y advierte de manera categórica que "Pasar del Estado propietario a la sociedad propietaria (los  venezolanos), será el próximo paso a dar. Cuando ese paso se dé, habrá comenzado el verdadero proceso de nacionalización del petróleo venezolano"  ¹⁸

 De igual forma, Andrés Sosa Pietri, ex-presidente de PDVSA, sostiene que "...la industria petrolera debería pasar de empresa pública a una de acciones de derecho privado, en la que todos los venezolanos tengamos acceso a través de la Bolsa de Valores" .¹⁹

Ésas argumentaciones corresponden a la tesis de "achicar el Estado es agrandar la Nación"; es la de tratar de enfrentar al Estado contra la nación y considerarlos, como contrapuestos. El objetivo es que la función del Estado sea subsidiaria y dejar en manos de los agentes privados transnacionales las actividades redituables. 

En razón de que los yacimientos petrolíferos deben ser propiedad de la nación, es decir, de los venezolanos, con separar a la nación del Estado -cosa falsa e incomprensible ya que el Estado es la representación jurídica de la nación y por tanto, no puede existir esa separación  lo que se persigue es arrebatarle a los venezolanos -ya sin representación jurídica como un todo- su derecho inalienable de disponer de su propiedad y cederlo a las grandes corporaciones internacionales con la participación de la clase social transnacionalizada, constituida por empresarios venezolanos en evidente inferioridad de poder. Reducir y debilitar al Estado, disminuir su capacidad de acción, en realidad lo que conduce es a la desintegración de la nación. Como bien afirmara el General De Gaulle: "sin Estado no habría Francia". ²⁰ 

Ahora bien, sin duda alguna, que una seria y conveniente reflexión nacional, debe estar fundamentada en el destino que debería dársele a los ingresos derivados de la actividad petrolera. En ese sentido, sustentamos la tesis de que el ingreso petrolero, por provenir de un recurso natural agotable, de la liquidación de un activo nacional, debería ser destinado, dentro de una auténtica estrategia económica, política y social, a las actividades de inversión, a la producción de bienes de capital real, a incrementar el potencial productivo nacional De lo contrario, se estaría dilapidando el patrimonio público. Se trata de utilizar racional y eficientemente los ingresos derivados por la explotación petrolera y de avanzar hacia la integración del petróleo a la nación venezolana, a la transformación estructural de la actividad petrolera y, por supuesto, de la economía en general. 

En tomo de esa tesis debería conformarse un gran consenso nacional, con vocación verdaderamente nacionalista en procura de que el Estado, como propietario de las riquezas del subsuelo y como único representante de la nación, cumpla cabalmente con ese noble y fundamental objetivo para beneficio del desarrollo integral del país, que en nuestro criterio no puede ni debe dejarse en manos del sector privado, pues tal como afirmara el Papa Pío XI, en la Encíclica Quadragésimo Anno, emitida en 1931: 

"Hay Ciertos bienes -respecto de los cuales se puede sostener con razón que deben estar reservados a la colectividad, porque ello confieren un poder tal que no puede, sin peligro para el bien común dejarlos en manos de personas privadas" (parr. 123).²²

En efecto, "corresponde al Estado, en cuanto representante de la sociedad, señalar el rumbo estratégico de la nación, perfilar sus objetivos, presentar los desafíos y movilizar las energías sociales para encaminar el país en una cierta dirección"23 Al cumplir el Estado con esa función esencial, el país podría, mediante la planificación y aplicación de políticas auténticamente nacionales, transformarse en un plazo razonable y lograr un desarrollo firme, auto sostenido para el bienestar de la sociedad venezolana. 

Para que todo eso sea factible se requiere, con urgencia, de una intensa y sincera reflexión, con las rectificaciones necesarias, sobre el presente y el futuro del país, se precisa que realmente se democratice el Estado y se garantice una verdadera democracia, donde el pueblo sea quien gobierne y ejerza efectivamente el poder. 

Creo, tal cual lo afirmara Mario Briceño Iragorry, "que todo venezolano aspira a que el desarrollo material de la patria no llegue a desfigurar los valores que le den fisonomía".²⁴ 

Bajo esa concepción, debemos propiciar, trabajar y luchar incansablemente por el rescate de los recursos naturales para ponerlos al servicio de las verdaderas necesidades de la sociedad venezolana y, por tanto, impedir la privatización de la industria petrolera nacional. 

Fuentes Citadas

1. MAZA ZAVALA, D.F. Crisis y Política Económica. 1989-1996. Caracas 1996. p. 54.
2. Véase la Gaceta Oficial N° 35.293 del 09-09-93.
3. El Nacional, 02-12-1996.
4. Para un mayor análisis de los aspectos tratados véase de Gastón Parra Luzardo: De la Nacionalización a la Apertura Petrolera. Derrumbe de una Esperanza. Edit. EDILUZ. 2da. edición. Maracaibo- Venezuela 1996.
5. Economía Hoy, 25-01-1996. 6 El Globo, 14-11-1996.
6. El Globo, 14-11-1996
7. Ramón Mantellini Quintero,
8. presidente de Deltaven, afirmó que "Ellos serán los agentes de la apertura y desregulación del mercado interno de hidrocarburos, dando impulso a la participación ordenada del sector privado para contribuir con el proceso de dinamización de la economía". Petro finanzas. Dic. 1996. p.13.
9. ESPINASA, Ramón; El negocio petrolero: De enclave foráneo a industria nacional. Revista Debates. IESA, Vol. 2, N° 2, Octu.-Dic. 1996. p. 7.
10. En el informe anual de Petróleo de Venezuela de 1995 en el mensaje del Presidente se lee: "En 1995 avanzamos en otras iniciativas de apertura, cuyos resultados se verán en el corto plazo como la reforma del marco legal petroquímico destinado a una mayor apertura del sector, incluyendo la eventual privatización de Pequiven. p. 11.
11. El Universal 24-04-96.
12. El Nuevo País 25-04-96.
13. Véase la Gaceta Oficial extraordinaria de la República de Venezuela, N° 1770 del 30-08-1975.

14. Existen innumerables ejemplos donde se ha constatado que el monto que se ofrece en el mercado por la compra de ciertas empresas estatales es mucho más bajo que el que se cotiza como valor en libros. Así por ej.: en México la industria petroquímica tiene un valor en libros de 17.000 millones de dólares y la suma ofrecida por las transnacionales oscila entre 1.600 a 5.000 millones de dólares. Véase el trabajo de Arturo Bonilla Sánchez. México: Crisis acentuada y privatización. A propósito de la petroquímica. Revista Problemas del Desarrollo Nº 104 México 1996, p. 73.
15. Dirigentes políticos y ex-candidatos presidenciales como Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Humberto Calderón Berti y organismos empresariales como Fedecámaras.
16. En tal sentido, se pronunciaron la Universidad Central de Venezuela, La Universidad del Zulia e instituciones como Pro-Venezuela, Fundapatria y los partidos políticos Acción Democrática y Causa R.
17. Véase la Gaceta Oficial N° 35.991 del 1 de julio de 1996. 17 El Nacional, 27-10-1996. 18 El Globo, 22-11-96
18. Idem. 26-12-96.
19. Citado por Calcagno Alfredo E. y Calcagno Alftedo Fernando, en el libro EL Universo Neoliberal. Recuento de sus lugares comunes. Alianza Editorial 1995. p.3l.
20. Esta tesis ha sido sostenida, desde hace años, por Salvador de La Plaza, D.F. Maza Zavala, T.E. Carrillo Batalla, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova. Véanse los libros La dinámica del petróleo y Evaluación del ingreso fiscal petrolero en Venezuela. Colección Foros y Seminarios. UCV 1965.
21. Citado por NOVOA MONREAL, Eduardo, en el libro Nacionalización y recuperación de recursos naturales ante la Ley Internacional. Edit. FCE México, 1974. p.33.
22. FERNANDEZ, Gustavo, Pobreza, democracia y economía de mercado. Tomado del libro Reforma política, gobernabilidad y desarrollo social. Retos del siglo XXI. Carlos Contreras (compilador), Nueva Sociedad, Ira. Edición. 1996. p.46.
23. Mensaje sin Destino, Obras selectas, Ediciones Edime, Madrid - Caracas 1954, pag. 514

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* Economista, especialista petrolero, profesor de la Universidad del Zulia.