Francisco Mieres *

En este dramático momento para la economía capitalista mundial en que los colapsos de las bolsas, desde Hong Kong hasta Wall Street, pasando por Europa y América Latina, con la ruina de millones de "beneficiarios" de los fondos de pensiones de los trabajadores en el mundo, se están poniendo en práctica en Venezuela, por sus cúpulas más poderosas, maniobras aún más graves contra la economía nacional y popular que requieren de la Universidad y de sus comunidades el despertar de la conciencia y la acción más enérgica para evitar su consumación, antes de que sea demasiado tarde. 

En tal sentido es urgente escuchar y acompañar a PROVENEZUELA en su más reciente llamamiento "La Asociación Pro-Venezuela frente al proceso de desnacionalización": "Hemos venido alertando con preocupación y angustia cómo nuestro aparato productivo se está desnacionalizando. Cómo estamos entregando el país. Observamos con tristeza cómo... pasan a manos extranjeras ya no empresas sino sectores completos de la vida productiva de la nación. Nos referimos a la industria cementera, de alimentos, de telecomunicaciones, a la textil y de la confección, al transporte aéreo y acuático, a las cadenas comerciales, a la industria turística y hotelera, a la papelera y maderera, a los alimentos concentrados para animales, a la tabacalera y licorera, a la minera del oro, diamantes y del carbón, a la farmacéutica y a la de construcción de infraestructura. Estamos en proceso de entregar la red de expendio de combustible y se comenzó a justificar la necesidad de privatizar a PEQUIVEN. Hemos entregado más del 70% del sector financiero nacional. Se dio inicio al proceso de desnacionalización del sector eléctrico con ENELBAR y ENELCO y ahora el Congreso tiene en sus manos la decisión de desprendemos del acero y del aluminio. Notamos una evidente penetración de los medios de comunicación social y de seguir así pronto llegaremos a la médula de nuestra estructura económica: la industria petrolera". 

Para nosotros resulta certero y oportuno este escalofriante alerta de PROVENEZUELA, porque apunta a la amenaza más grave en este momento contra la economía del país en su conjunto; contra el patrimonio colectivo de su ciudadanía y contra el futuro inmediato de la inmensa mayoría de sus trabajadores, seriamente empobrecidos por las políticas económicas en los dos últimos períodos presidenciales a partir de los paquetes de ajuste de impuestos por el Fondo Monetario Internacional especialmente, impulsados desde el interior por la cúpula de PDVSA en particular. 

La UCV fue de las primeras instituciones del país en alertar a la población y reaccionar con acciones pertinentes cuando se puso de manifiesto lo esencial del plan de desnacionalizar de la economía nacional: la apertura petrolera. Desde 1995, año en que el Congreso aprueba las bases de las "ganancias compartidas" con las empresas privadas, la UCV realiza el "Juicio a la Apertura Petrolera", y como conclusión, presenta ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas en contra de la decisión del Congreso. A lo cual siguieron varias acciones con diversos sectores sociales que se sumaron a una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia y que dieron lugar, entre otras secuelas, a la constitución de FUNDAPATRIA. La identificación del núcleo de dirección de PDVSA como el defensor acérrimo de la política desnacionalizadora, por un lado, y de desmantelamiento del MEM y demás organismos del Estado, por el otro, resultó clara en las incidencias del juicio, así como en la campaña desplegada por los voceros de la empresa en los medios nacionales e internacionales, y ante las autoridades estatales centrales, regionales y locales, amén de las relaciones con las etnias, las organizaciones sociales y no gubernamentales dentro y fuera del país. 

PDVSA ha sido el principal factor en la desobediencia de los decretos de control de cambios que el gobierno actual dictó, y luego en la anulación de los mismos, así como en la campaña contra la política de precios y subsidios en favor de la producción nacional agropecuaria e industrial, así como contra la política impositiva en materia petrolera, hasta llegar a imponer la política económica opuesta, acordada con el FMI, en que se eliminan subsidios y protección a la producción nacional, se suprime el valor fiscal de exportación al petróleo, se liberan y multiplican los precios de la gasolina y demás derivados petroleros, se hiperdevalúa el bolívar y se decreta una hiperinflación, junto con un aumento de impuestos internos que desencadena el mayor empobrecimiento sufrido por la sociedad venezolana en la historia contemporánea, hasta reducir la remuneración de la fuerza de trabajo al mínimo histórico de 25% del ingreso nacional en 1996 y elevar los índices de pobreza critica al 85% de la población venezolana.

Con la complicidad abierta del gobierno, y en especial de los Ministerios de Energía y Minas que ha abandonado totalmente en manos de PDVSA sus funciones rectoras de la política petrolera, minera y energética, de Hacienda, que acepta a ciegas las declaraciones contables de PDVSA sobre sus operaciones en el país y en el exterior, así como to­das sus propuestas de rebajas y exenciones impositivas y cambiarias en favor de sí misma o de las empresas foráneas en el sector, de Cordiplán, que ha delegado en PDVSA la formulación de la política económica y las negociaciones con el FMI y con el Banco Mundial, del Banco Central, que la deja hacer y deshacer en el manejo de sus operaciones cambiarias; del Congreso, que le garantiza aprobación a ciegas de cualquier propuestas que le someta, y de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora la ha complacido en todo cuanto le ha pedido e incluso con creces incurriendo en ultra petita ; PDVSA, bajo la tutela del FMI y del BM, con sus aliados y

cómplices en las cúpulas del poder político, ha conseguido imponer la política de desnacionalización que PROVENEZUELA denuncia con alarma y angustia: "De seguir esta tendencia desnacionalizadora y ablandamiento, empezaremos a aceptar como váli­dos los argumentos de quienes ya pre­tenden vender a PDVSA".

Justamente  de eso se trata en este preciso momento. Se trata de echar por la borda toda la política nacionalista que en materia petrolera y minera ha unido a los venezolanos en las últimas cuatro décadas, que condujo a la na­ionalización del mineral de hierro y del petróleo, al programa hidroeléctrico del Guri y a la industria metaúrgica de la CVG. Pese a las demandas que cursan ante la Corte Suprema, PDVSA ha procedido a su antojo a entregar a empresas privadas presuntos campos marginales y campos maduros incluido el primer campo productor de 1914, Mene Grande, así como las mejores reservas de crudos livianos y medianos, amén de acceso a los yacimientos de gas natural ya proyectos de orimulsión y de crudos extrapesados. Ahora PDVSA pretende entregar a las compañas foráneas el mercado interno de derivados petroleros y del gas, así como PEQUIVEN. Además están en el Congreso las propuestas de entregar de los sectores del acero y del aluminio de la CVG, a lo que se ha agregado el decreto 1950 de apertura de concesiones para la explotación del oro en la reserva forestal de Imataca, como preludio a la aprobación de una Ley de Desarrollo Minero que ofrecería el subsuelo minero en su conjunto a empresas privadas, desafectado el grueso de las "áreas bajo régimen de administración especial" caracterizadas por su riqueza y fragilidad eco lógica. 

El otro gran objetivo del plan desnacionalizador es desmantelar las defensas de los precios del petróleo que el país ayudó a construir con la creación del la OPEP. La táctica de PDVSA consiste en violar cada vez más la cuota acordada en la OPEP para la producción nacional (2.359 mil barriles diarios), habiéndola llevado a 3.6 millones de barriles diarios (Programa de Educación Petrolera- PDVSA) y en proponer el abandono de las cuotas para dar rienda suelta al aumento del volumen de producción. Así, PDVSA se propone duplicar su producción en el próximo decenio. En suma, esto comportaría la destrucción de la OPEP y el desencadenamiento de una expansión productiva que acarrearía el colapso de los precios del petróleo, y por ende de los ingresos de exportación fundamentales de nuestro país. 

Tales son los retos que tiene ante sí la Universidad. Retos que le han dado la razón en cuanto a las previsiones formuladas a la hora de juzgar y de enfrentarse a la apertura de la entrega de los activos petroleros, mineros y productivos en general de propiedad estatal, y por ende de carácter colectivo, al gran capital extranjero, así como la cesión de nuestra soberanía económica y nuestra inmunidad de jurisdicción en favor del FMI y de poderes foráneos, No cabe duda: "La privatización es una entrega innecesaria e inconveniente que pasará a engrosar la larga lista de los engaños y frustraciones del pueblo, en beneficio de unos pocos, Testigos del desmembramiento de la República no nos queda sino lanzar este llamado a la recuperación de la razón, en función del bienestar de Venezuela ". 

Son las palabras de PROVENEZUELA, a las cuales la Universidad debe sumarse con toda decisión y urgencia, propiciando el ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA DESNACIONALIZACIÓN, planteado por el Juicio a la apertura petrolera. Preocupaciones similares se han manifestado en la Academia de Ciencias Económicas expresadas en la edición más reciente de NUEVA ECONOMÍA, órgano de esa corporación-, así como en el Consejo de Economía Nacional, en relación con la "nueva misión" que ese organismo ha decidido lanzar, a fin de poner sobre el tapete de la discusión pública "la apertura sin estrategia de desarrollo", tal como lo formula su presidente, el Sr. Eddo Polesel. Si se toma en cuenta la clara posición de concluir que existe en este momento una coyuntura propicia para promover una jornada de debate nacional al más alto nivel de calidad en tomo a este terrible amenaza, seguramente la más grave que ha confrontado la sociedad venezolana en el último medio siglo.

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* Profesor de la Universidad Central Central - UCV