Carlos Mendoza Potella *

(Primera parte)

Precisar los alcances y la significación de la llamada apertura petrolera es una tarea que trasciende a la simple semántica o al poner los puntos sobre las íes. Representa, por el contrario, una empresa de primera magnitud, cual es la de develar su carácter como el mayor y más lesivo proyecto desnacionalizado, plataforma para hacer más elitista y antinacional el ya de por sí injusto aprovechamiento privado del más valioso bien público.

Se trata de la revancha definitiva del poder petrolero, que ha visto llegada la hora de acabar de una vez por todas con los sueños populistas y socialistoides que todavía obstaculizan 

la integración del país en el escenario mundial unipolar, donde se impone a los pequeños el "libre mercado" de las transnacionales y las grandes naciones que fundamentan su poderío económico y político, precisamente en la disposición de mercados externos irrestrictamente abiertos y el resguardo proteccionista de sus economías domésticas.

Por eso su principal embate con una inconstitucionalidad que parece más buscada que accidental es contra la Carta Magna vigente, esa que define su orientación económica al disponer, en su Artículo Nº 97, que "el Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional y pro penderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control."

Ello ha sido expuesto por uno de los más conspicuos y abiertos exponentes del poder petrolero, Andrés Sosa Pietri, quien, en reciente artículo de prensa, expone su muy respetable criterio de que la soberanía no reside en el Estado o en "el pueblo", sino en el individuo. A partir de ese postulado determina el carácter absolutista socialista, marxista leninista, fascista de nuestras tradiciones jurídicas y las contrapone a las muy libertarias que permitieron a los Estados Unidos ser una gran nación. Todo ello le sirve para calificar como exabrupto carente de cultura democrática a la impugnación de la apertura petrolera por inconstitucional: 

Impugnar la apertura petrolera, o algunos de sus aspectos, por violar nuestra Constitución o la soberanía nacional es un contrasentido...

...nuestra historia republicana evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el dictador déspota antes o el dictador-partidos políticos ahora. 

Influenciados además por las doctrinas marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo...

... los Estados Unidos florecieron porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo ...

... No reservaron al Estado ningún bien material (a excepción de algunos

parques naturales), O actividad industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción con el absolutismo! Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano rey al soberano Estado o al soberano pueblo y sólo después al trabajador y su familia. 

Dada esta fundamentación, para ser libertario y moderno, para encontrar la senda del progreso y la multiplicación de los panes, hay que dar la batalla contra esa Constitución estatista y fascista que hoy nos rige.

Limitando el enfoque a lo estrictamente petrolero, la proclamada apertura no es más que un nuevo escalón, otra vuelta de la rosca, en un proceso que se inició simultánea y paradójicamente con la "nacionalización". Ese proceso, ya se avizora, continuará con la minimización y auto castración de la empresa petrolera estatal y la vuelta a un régimen concesionario en condiciones peores a las prevalecientes en los tiempos de Juan Vicente Gómez  

“… en la proposición actual del Ejecutivo Nacional de licitar diez áreas exploratorias, de una extensión típica de unos dos mil kilómetros cuadrados, aunque suman un total de 17,6 mil km², no se prevé ni el pago de un bono, ni la reversión de tierras valorizadas por la actividad exploratoria de las contratistas (o 'inversionistas' como se denominan). Además de extenderse el período de exploración a nueve años, en ningún momento se definen lotes de explotación. A las contratistas se les concede la explotación de los yacimientos, hecho sin precedente en nuestra legislación ".² 

En efecto, desde 1920, con la promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos, se estableció que una concesión era un lote definido diez mil hectáreas o 100 km2 según la nueva unidad de superficie que utiliza PDVSA sobre el cual se realizaría durante sólo tres años una labor exploratoria, al cabo de la cual se repartirían 10 parcelas de explotación 500 has cada una en la mitad de su superficie, intercaladas con las 10 parcelas de reserva nacional, tal como en un tablero de ajedrez las blancas y las negras. 

El Dr. Mommer realizó en este trabajo el primer y más completo análisis crítico comparativo del esquema de ganancias compartidas con los instrumentos concesionarios y de contratos de servicios establecidos en nuestra legislación. La respuesta que se le dio a quien fuera Planificador Mayor de PDVSA, fue la del silencio y la propagación de calumnias infamantes. Por nuestra parte, queremos expresar reconocimiento al muy valioso aporte del Dr. Mommer, quien demuestra, palmariamente, cómo el sistema adoptado para instrumentar la política de apertura es un engendro concebido a espaldas de toda nuestra tradición jurídica y política en materia petrolera: Ya sean concesiones, contratos de servicio o convenios de asociación, ninguna figura contractual conocida anteriormente en Venezuela otorga tantas ventajas al socio extranjero y retrocede tanto en las conquistas históricas en esa materia. 

La consideración fundamental que debe tenerse en cuenta para el análisis de estas circunstancias es la de que se trata de un problema político, de un problema de relaciones de poder, en el cual una peculiar agrupación, integrada por factores privados nacionales y extranjeros vinculados al negocio petrolero y cúpulas gerenciales de la empresa pública, ha logrado imponer como verdades indiscutidas un conjunto de postulados que mezclan realidades objetivas con una carga considerable de falacia. 

Dichas afirmaciones forman parte de un programa definido, que tiene como nortes la expansión constante del negocio petrolero -independientemente de la pertinencia macroeconómica y rendimiento fiscal de esa expansión- y la creciente privatización de las actividades en esa industria en particular.

Ese conjunto de verdades establecidas, que parte de concepciones hoy de moda, en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas, tiene una expresión particular:

La carga fiscal sobre PDVSA es excesiva. PDVSA es la empresa petrolera que paga más impuestos en el mundo. Mantener esa carga fiscal equivale a perpetuar el ya fracasado modelo rentista parasitario y continuar alimentando a un Estado paternalista e ineficiente. 

El control "político" sobre la industria obstaculiza el desarrollo eficiente de sus programas. Las trabas burocráticas que imponen los distintos organismos contralores, ejecutivos y legislativos, deben ser eliminadas en beneficio de la autonomía gerencia! para ejecutar eficientemente sus planes y programas. Este es camino hacia la Venezuela productiva. 

El mejor destino del ingreso petrolero es su reinversión en el mismo sector. No existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y competitivas similares. Cada dólar adicional invertido en la industria petrolera genera, directa e indirectamente, efectos multiplicadores en el Producto Interno Bruto superiores de los de cualquier otra aplicación. 

Venezuela debe ir hacia una más estrecha asociación con sus clientes desarrollados y abandonar asociaciones tercermundistas, de subdesarrollados y de perdedores, como la OPEP. La OPEP no ha beneficiado mucho a Venezuela y le impone trabas a un desarrollo que la llevaría a convertirse en una de las primeras potencias petroleras del mundo. 

Para desarrollar la inmensa base de recursos petroleros de Venezuela, hay que desmontar todo el aparato de regulación y fiscalización que pesa sobre esa actividad industrial, porque ese desarrollo no es posible hacerlo con los recursos internos y es necesario atraer al capital petrolero internacional con  proposiciones de una rentabilidad mayor a la de otros destinos. 

En verdad, en ese instrumento se ha materializado la voluntad política de quienes consideran que el petróleo es la única salvación del país, y que la expansión de ese negocio, dinamizará al resto de la economía nacional. Aún cuando esa expansión se haga a costa de sacrificar logros y principios anticuados rentistas, estatistas o socializantes tales como los de maximización de la participación fiscal y control soberano del Estado sobre el recurso y su industria. 

Por el contrario, ese sacrificio será expresión de liberalización y progreso institucional, por cuya virtud se volcarán sobre el país flujos masivos de inversión extranjera, los cuales inmediatamente harán positivos los saldos de nuestra balanza de pagos, detendrán la caída del bolívar, generarán empleo y serán el detonante de una reactivación generalizada de nuestra economía. Los poderosos efectos multiplicadores serían tales, que el país se convertiría en destino privilegiado para capitales de inversión en otras ramas y hasta sería posible que retornaran los más de 100 mil millones de dólares depositados en el exterior por los beneficiarios criollos de la anterior bonanza petrolera. 

El escenario óptimo de esta concepción es el de una privatización completa de las actividades petroleras, para permitir la convergencia competitiva en todas ellas de los capitales nacionales y extranjeros que quieran hacerlo. La participación nacional no se centraría en una exagerada presión fiscal, pues ello reeditaría el modelo rentista, sino en la multiplicación de actividades productivas que se generarían. 

Tal proceso podría iniciarse con un reparto del capital accionario de PDVSA entre todos los venezolanos. Así, la empresa y su patrimonio dejarían de ser estatales. Lo colectivo se haría privado y las fuerzas del mercado harían el resto: asignarían, de la manera más eficiente, las mayores tajadas a los más capaces: Tales son las leyes del capitalismo, y con mayor razón, en el estadio salvaje en el que el mismo se encuentra en Venezuela. Pero, mientras eso sucede, el país se desarrollaría, desaparecerían la inflación y los desajustes macroeconómicos. Los venezolanos habrían sembrado, por fin, su petróleo... ¡Claro! Será inevitable que los que tengan más saliva traguen más harina. Eso es lo natural, ha sucedido siempre, desde los tiempos de la parábola de los tantos y antes aún, como lo demostrara Charles Darwin. 

Ese escenario el "propio" sueño americano tiene rápida aceptación y adquiere rango de esperanza nacional para salir de la crisis, porque la opinión pública venezolana ha venido siendo modelada por los medios de comunicación masiva para aceptar como excelentes todos los emprendimientos del poder petrolero. Como ya dijéramos antes, se trata de una verdad petrolera, un sentido común petrolero, insuflado en el consciente, el subconsciente y el inconsciente de los venezolanos, plagado de falacias y verdades a medias.³     

Es, pues, ineludible la tarea de remontar la cuesta de la desinformación, del palangre y las imágenes corporativas con las cuales nos quieren hipnotizar los medios y la gerencia transnacionalizada de PDVSA. Para ello, debemos comenzar por las más simples definiciones y algunos recordatorios de la historia reciente de nuestra política petrolera.⁴ 

En primer lugar sobre el término apertura: ¿qué es lo que se quiere abrir? ¿Qué es lo que estaba cerrado? 

La primera aproximación a esa definición ha sido expuesta por varios analistas, en el sentido de que se trata de abrir lo que cerró la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos: la participación del capital privado en las actividades de exploración, producción, refinación y mercadeo de los hidrocarburos en el territorio nacional. Este punto de vista fue desarrollado, con mucha pertinencia jurídica, por el Dr. Alvaro Silva Calderón en su participación en el ciclo de foros sobre el tema, auspiciado por la Universidad del Zulia.5 En el mismo sentido opina el Dr. Luis Vallenilla, quien hace partir el proceso de la apertura desde 1989, con la propuesta del Proyecto Cristóbal Colón, incluyendo luego a las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y al programa de reactivación de campos "marginales" .⁶ 

Y así también lo concibe, más recientemente, Alberto Quirós Corradi, cuando habla de  

…la apertura petrolera, como continuación de un proceso que incluye la operación por empresas privadas de campos marginales de producción; asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco; asociaciones para la manufactura y comercialización de la orimulsión y proyectos especiales como el de la producción de gas costa afuera, denominado Cristóbal Colón..."⁷

Más recientemente, el Presidente de PDVSA se atreve a confesar que la apertura ha sido una estrategia madurada, pensando en la expansión del negocio y la participación del capital transnacional: 

... "La apertura es un proceso que comienza en el país hace más de diez años, y que probablemente continúe con otros programas, todos ellos encausados dentro de una estrategia, cuyo objetivo es, fundamentalmente, expandir, fortalecer y diversificar el negocio petrolero, abriendo espacios para la participación del capital, la tecnología y el mercado controlado por el sector privado externo". ⁸ 

Con estas definiciones se caracteriza, en verdad, parte del proceso aperturista, su concreción última, pero se deja de lado al proceso mismo. En este aspecto, compartimos más bien la opinión de Gastón Parra Luzardo: 

A lo largo de estas dos décadas, el poder petrolero, ejercido ahora por PDVSA, creada por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, ha venido desarrollando y puesto en práctica toda una política dirigida a profundizar, de manera progresiva, el proceso de privatización de la industria petrolera. ⁹ 

Porque, a nuestra manera de ver, y como ya referíamos, se trata de una etapa dentro de un curso de política de largo aliento, cuyos primeros determinantes se manifestaron hace más de 35 años. Aunque pueda parecer exagerado, tal es la perspectiva que debemos tomar para analizar el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos.¹⁰ 

Retrocedamos, pues, unos 35 años para tomar ese punto de mira... y encontramos nuevamente con el recién promulgado texto constitucional y su Artículo 126, en el cual se elimina la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para el otorgamiento de concesiones de hidrocarburos y se lo remite a la aprobación del Congreso en sesión conjunta. Quedaba allí parcialmente reflejado uno de los cinco vértices del Pentágono de Acción de Juan Pablo Pérez Alfonzo: No más concesiones. 

La severidad de esa política, tal cual se percibía públicamente en ese entonces, iba más allá de lo dispuesto en el referido artículo constitucional, porque la expectativa era la de que los 22 años que faltaban para el término concesionario, la Nación estaría en condiciones de asumir directamente las operaciones de exploración, producción, refinación y sus derivaciones. 

Ese fue el verdadero cierre. Allí comenzaron a morir las esperanzas de las corporaciones petroleras extranjeras en el sentido de que, llegado 1983, año cuadragésimo y terminal del 80% de las concesiones de hidrocarburos, éstas serían renovadas. Para mayores amenazas, en otro de sus vértices, el pentágono perezalfoncino contemplaba la creación de una pequeña empresa la CVP con lo cual se instauraba, desde ya, el posible germen de la administración petrolera estatal que monopolizaría las referidas operaciones. 

Ante estas circunstancias, la reacción de las concesionarias fue rápida y fulminante: Por un lado, no más inversiones, no más depreciación, ni amortización ni agotamiento. Todas esas partidas pasaron a engrosar el excedente oculto que se repatriaba. Menudearon también, a partir de entonces, las denuncias sobre desmantelamiento, reexportación y venta de equipos de la industria y por otro lado, masiva sobre explotación, sacar la mayor cantidad de petróleo en el menor tiempo posible, violando todas las normas técnicas y acelerando la irreversible declinación de los yacimientos. De esta suerte, la producción de las concesionarias en Venezuela -que no la producción de Venezuela, como añoran Sosa Pietri y otros cultores de la Leyenda Dorada petrolera pasó de 2 millones 846 mil barriles diarios en 1960 a 3 millones 700 mil en 1970. Esa fue la cumbre repetida a partir de la cual se inició un proceso de declinación de la producción, hasta el nivel critico de 1 millón 680 mil barriles diarios para 1985.

Para el lapso 65-70 el saqueo era cada día más evidente y el país tuvo que apretar un poco más la cerradura. Tanto en el plano fiscal como en lo referente al deterioro de los activos físicos de la industria. 

Así, en el primero de esos campos, en materia tributaria, se produjo una escalada de controles y fijaciones de nuevas tasas impositivas que trataban de contener el desbordamiento de excedentes de las concesionarias: 

Desde su instalación en el país, las concesionarias se despachaban y se daban el vuelto ala hora de pagar impuesto, ya que las bases para la determinación de, por ejemplo, la renta neta gravable a los fines del impuesto sobre la renta, no eran otras que sus propias declaraciones de precios realizados y costos operativos incurridos. De hecho, en 1959, el reiterado envilecimiento de los precios declarados fue el detonante que condujo a la constitución de la OPEP. 

En Venezuela, con su política de "participación razonable", eje del citado pentágono de acción, Pérez Alfonzo intentó poner torniquetes que contuvieran el desangramiento fiscal, promoviendo elevaciones sucesivas del ISLR cuando los beneficios de las concesionarias superaran el nivel del 15% de sus activos fijos netos. En ese contexto, la CVP fue concebida más como lugar para verificar los niveles reales de los costos de operación que como inicio de un camino alternativo al concesionario. 

De muy poco sirvieron esas propuestas de JPPA en manos de gobiernos no convencidos de la pertinencia de esa política. La Comisión interministerial prevista en su pentágono para vigilar las magnitudes del negocio petrolero nunca fue puesta en funcionamiento real y, para 1968, por ejemplo, se verifica que los beneficios netos de las concesionarias montaban al 40% de sus activos fijos netos.¹² 

Luis Vallenilla dedica una sección de su ya citado trabajo sobre la apertura a analizar la des inversión 1960-74, pidiendo que no olvidemos esa experiencia. Remitimos al lector a ese texto^l3 

La conciencia de esa inconveniente circunstancia obligó a la revisión del esquema impositivo basado en los precios de realización declarados por las concesionarias y, en consecuencia, en 1966, previa reforma de la Ley de ISLR, se llegó a un acuerdo con esas compañías sobre un programa de incrementos escalonados en los precios de referencia para fines fiscales, programa mediante el cual el Estado comenzó a tener ingerencia en la determinación de la base imposible. 

En la reforma de 1966 se incluye por primera vez el llamado sistema de los precios de referencia. En vista de que desde 1958 venían reduciéndose constantemente los precios del petróleo venezolano, se creó un mecanismo llamado de los convenios o precios de referencia, para discutir y fijar con las empresas concesionarias un nivel de precios que sirviera para el cálculo de los ingresos o ganancias en el pago de impuestos, a fin de evitar que se siguieran deteriorando el precio y, en consecuencia, los ingresos del país. ¹⁴ 

Pero aún este acuerdo, firmado para un lapso de 5 años 1967/1971 se convirtió en camisa de fuerza que colocaba a los precios de referencia fiscal por debajo de los niveles determinados por la tendencia alcista que mostraron los precios internacionales a partir de 1968. Y así, en diciembre de 1970, el Congreso denuncia el acuerdo y otorga al Ejecutivo, mediante reforma de Ley de Impuesto Sobre la Renta, la facultad de fijar unilateralmente los precios de referencia fiscal, conocidos a partir de entonces como Valores de Exportación. En esa misma reforma, la escala gradual de las tasas de ese impuesto para los distintos niveles de ingreso, que tenía para entonces un tope del 52% en su tramo superior, es sustituida por una tasa única del 60% para todos los niveles. 

El "cierre" impositivo llega así a niveles formalmente impresionantes: para 1974, ya habiéndose producido, a finales del año anterior, la primera explosión de los precios determinada por la OPEP, la tasa del impuesto sobre la renta venezolano alcanzaba el 70.03% y los Valores Fiscales alcanzaban hasta un 30% por encima de los precios realizados y promediaban un 27%. A ello se agregaba una Regalía Impuesto de Explotación del 16,66%, liquidada en boca de pozo sobre la base de un precio calculado a partir de una mezcla de crudos norteamericanos, e impuestos menores como los superficiales y municipales. Aún así, las compañías se daban mafia para burlar al fisco y, aunque las cuentas oficiales reportaban para ese año un reparto de 95% del ingreso neto para el Estado y 5% para las concesionarias, la Creole Petroleum Corporation representó la mitad de las ganancias internacionales de la Exxon en ese mismo lapso. Milagros de la prestidigitación contable.¹⁵ 

Pero la medida que completa el cierre, en cuanto al deterioro fIsico de las instalaciones productivas, el último broche, lo constituyó la Ley sobre bienes afectos a reversión, promulgada en 1971.¹⁶ La misma estableció obligatoriedad de revertir, en plenas condiciones de funcionamiento, todos los activos adquiridos por las corporaciones extranjeras para el ejercicio de su rol concesionario, junto con el establecimiento de un fondo para garantizar esas condiciones de reversión. 

Llovieron demandas de nulidad y amenazas de bloqueo y sanciones comerciales. La cerradura se había hecho insoportable. 

Desde hacía un tiempo, y haciendo referencia a la inestabilidad del Medio Oriente y la creciente severidad de los instrumentos fiscales de estos paisitos, habían comenzado a aparecer estudios sobre la necesidad de barajar el juego, de repartir de nuevo las cartas para explorar nuevas opciones... y así, se conocen las primeras propuestas de nuevos tratos petroleros. 

De 1968 data un trabajo¹⁷ en el cual se exponen, además, las conveniencias de dejar la fase de producción en manos de países que, por una parte, no tendrían con quien gerenciar esa industria que no fueran los hombres formados por las compañías y, por la otra, siempre tentados a obtener mayores ingresos forzando la producción, no observarían la disciplina requerida para mantener precios altos. Otros advierten sobre los peligros del nacionalismo árabe y postulan la apertura de esa olla a punto de explotar, sin que ello signifique, en verdad, una pérdida apreciable de control sobre el negocio.¹⁸ 

En el plano de los hechos, primero fue el Acuerdo General de Participación en el Medio Oriente, mediante los cuales las "majors" cedieron previa indemnización parte de sus activos en las actividades "upstream" a los países ribereños del golfo arábigo persa y a los libios 

Y luego vino el adelanto de la reversión para Venezuela. A finales de 1973, en el ambiente caldeado por el enfrentamiento sobre la Ley de Bienes Afectos a Reversión, y la conflictiva posibilidad de acortar unilateralmente el plazo que comenzaba a vencerse en 1983, aparecen las refrescantes declaraciones de Kenneth Wetherell, Presidente de Venezuela y Robert N. Dolph, su par de la Creole. 

"A la luz de lo que ocurre en el mundo es de suponer que las relaciones entre las con cesionarias y el gobierno puedan cambiar quizás mucho antes de 1983 ". (Dolph) 

"La empresa está dispuesta y preparada a examinar cualquier nuevo esquema de relaciones para las actividades petroleras, a fin de cumplir con las aspiraciones y objetivos de la nación venezolana". (Wetherell) ¹⁹ 

en cada una de las cuales se hace explícita la voluntad de sus respectivas compañías de seguir cooperando con Venezuela...aun después de las trascendentes decisiones que soberanamente tomen su pueblo y Gobierno en materia petrolera. 

Se inician entonces las negociaciones trascorrales que, con el nombre de "avenimiento", dieron luz verde al adelanto de la reversión y garantizaron a las concesionarias jugosas indemnizaciones sobre activos largamente despreciados, contratos de asistencia técnica y comercialización mediante los cuales se les remuneró con creces su tan reclamado cuan inmerecido lucro cesante y permanencia en todos los emprendimientos de sus antiguas filiales, ahora "operadoras" nacionalizadas.²⁰ 

Comenzó a funcionar el conocido esquema umbilical Shell-Maraven, Exxon-Lagoven, Mobil-Llanoven, Gulf-Meneven y así sucesivamente, que se manifestó de manera expresa, además de los referidos contratos, en los programas de cambio de patrón de refinación y en los "megaproyectos" de la Faja del Orinoco. Las corporaciones habían accedido, por estas nuevas vías, a zonas que antes les estaban vedadas por encontrarse limitadas a las fronteras de sus parcelas concesionarias. 

De tal suerte que, cosas veredes, Sancho amigo, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano. 

Atrincheradas en el privilegiado papel de asesores tecnológicos convidadas permanentes en todas las actividades de sus antiguas filiales- y comercializadores de la producción exportable de crudos y derivados, las más poderosas de las antiguas concesionarias se mantienen a la espera de su re inserción como protagonistas directas en las operaciones petroleras venezolanas. El atajo lo constituyen los contratos de servicios y empresas mixtas que permite el Artículo Quinto de la mencionada Ley, y las primeras excusas se buscan en la complejidad tecnológica implícita en el desarrollo de los crudos de la Faja, en la posibilidad de reactivar difíciles campos marginales y la explotación del gas no asociado costa afuera de Paria, tal como lo reseñan nuestros citados, Silva, Vallenilla y Quirós. 

Fuentes citadas:

1. Andrés Sosa Pietri "Apertura petrolera, soberanía y la parábola de los talentos". El Universal, pág.2-2. 6 de enero de 1996.

2. Bernard Mornmer, Política Petrolera de Apertura, Informe a la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. 30 de enero de 1995. Mimeografiado.

3. El tema de la Verdad Petrolera es desarrollado con más detalles en El Poder Petrolero y la Economía Venezolana. Mendoza P., CDCH-UCV, Caracas 1995.

4. Una historia bastante conocida hace unos años por cualquier estudiante de Economía, pero que hoy, por la voluntaria omisión de las Escuelas y Facultades de Economía de las Universidades Nacionales, se ha incorporado al baúl de las cosas olvidadas por pasadas de moda.

5. Alvaro Silva Calderón "La apertura desborda el Artículo Quinto de la Ley de Nacionalización Petrolera" en La Apertura Petrolera ¿Conveniencia o necesidad? Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, CEELA, LUZ, Maracaibo 1995.

6. Luis Vallenilla, La Apertura Petrolera un peligroso retorno al pasado, Ediciones Porvenir, Caracas 1995.

7. Alberto   Quirós       Corradi, "PDVSA: 1996" en El Universal, 4 de enero de 1996, pág. 2-2

8. Luis Giusti "La apertura generará inversiones por $11.000 millones en 7 años". El Universal, 15 de enero de 1996, pág. 1-2.

9. G. Parra Luzardo, De la Nacionalización a la Apertura. Derrumbe de una Esperanza. CEELA LUZ, Maracaibo 1995. El Dr. D.F. Maza Zavala, comentando el libro de Parra Luzardo sostiene, pertinentemente, que "El artículo 5° preanunciaba, hace 20 años, la llamada apertura petrolera, ahora de actualidad. El 22 del mes en curso se conocerán las transnacionales que explotarán  nuevos campos mediante el sistema de beneficios compartidos”. Veinte años después ", El Nacional, 10 de enero de 1996 pág. A-4

10. Esa ha sido siempre característica fundamental del comportamiento político del capital petrolero: planificación sobre una base global y a muy largo plazo, mucho más allá de las narices de los ignaros políticos de los países donde le toca moverse.

11. Andrés Sosa P. "La respuesta de la industria petrolera a la Venezuela de hoy", en Enfoque, N°. 2S, PDVSA, Caracas, agosto 1990. Del mismo tenor son las fábulas tejidas en tomo a la época en que Venezuela era el "primer exportador mundial de petróleo, lugar de donde permitimos que nos desalojaran nuestros pretendidos socios árabes ", muy del gusto de Arturo Uslar Pietri.

12. Pedro Esteban Mejía Alarcón, La Industria del Petróleo en Venezuela, págs. 267-273, Cuadros IV-6 al IV-10 -  El Prof. Mejía realiza una estimación tomando como base, no los precios de realización declarados a los fines del ISLR, sino los precios de liquidación de la Regalía y los resultados son terroríficos: Como puede observarse en su Cuadro IV-lO, el porcentaje de utilidades netas de la industria petrolera respecto al valor neto de sus activos fijos, tiene como nivel mínimo el 26,93 por ciento registrado en 1960, a partir del cual se inicia una escalada que culmina en el 103,S3% ya referido para 1968, continuando sobre 90% en los años subsiguientes. Es decir, que las concesionarias recuperaban, completamente y cada año, el valor neto de sus activos fijos.

13. L. Vallenilla, Op. Cit., IV 3, pags 76-94

14. Arturo Hemández Grisanti, Los Reparos Petroleros, MEM, Caracas 1986.

15. Mendoza 1995, pág. 144.

16. El principal redactor de esa Ley fue, el ya citado Dr. Alvaro Silva Calderón, quien, con seguridad de manera  involuntaria, olvidó a esta dilecta hija suya a la hora de determinar donde se había producido el cierre al que se refiere la política de apertura.

17. Gerard Brannon "Políticas Respecto a la OPEP", Informe para el Proyecto de Políticas Energéticas de la Fundación Ford, Nueva York, 1968. Versión castellana mimeografiada, CEAP FACES UCV, Caracas, 1976. 

18. James Ákins, "The Dil Crisis. This time the wolfis here". En Foreign Affairs, abril 1973. Versión castellana mimeografiada CEAP-FACES-UCV, Caracas, 197 S. (Sus planteamientos comenzaron a ser moneda de curso legal varios años antes de la publicación de este articulo).

19. Irene Rodríguez Gallad y Francisco Yánez, Cronología Ideológica de la nacionalización petrolera en Venezuela, pags. 137-138, 144-14S. Caracas, 1977. Según la misma fuente, (pág.115) un año antes, en octubre de 1972, J. J. de Liefde -Presidente para entonces de la Compañía Shell de Venezuela, relativizaba la importancia del vencimiento de casi todas las concesiones de su compañía para 1983, aludiendo a lo mucho que ésta tenía que ofrecer al país en los campos tecnológico y gerencia. ¿Acertada predicción o primeros indicios de una estrategia largamente madurada?

20. Maza Zavala, D.F.; Parra Luzardo, Gastón; Mieres; Mendoza P., Carlos, Incidencia de los contratos de tecnología y comercialización en el rumbo de la industria petrolera nacionalizada. Caracas 1977, mimeografiado.

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* Economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela.