-
-
Una alternativa para superar la crisis alimentaría en el país
Por
Dr. Raúl Domínguez C
*
Uno de los aspectos más relevantes de
la crisis que actualmente afecta a nuestro país, lo constituye la
insuficiencia de artículos de consumo generados por la actividad agrícola
nacional, lo que obliga a importar, cada vez más, excedentes agrícolas de
otras áreas del mundo fundamentalmente, de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Hasta el presente, ninguno de los
gobiernos que se han sucedido en el país, ha logrado formular una política
racional y coherente, que haga posible un desarrollo sostenido de nuestra
agricultura, toda vez que en la escala de costos estamos muy por encima de
países como Colombia, Ecuador, Perú o los que integran América Central.
Ello es fácilmente detectable con sólo hacer un examen del valor de los
insumos que son requeridos para hacer rentable la actividad agrícola,
tales como los fertilizantes, los fungicidas y la maquinaria agrícola, por
regla general, también productos de importación.
Los que aquí planteamos guarda una
íntima relación con la ausencia de políticas del Estado, dirigidas a
garantizar el abastecimiento del mercado interno, lo que se debe a que el
sector no ha recibido, a lo largo de nuestra historia, un tratamiento
adecuado en función de sus especificidades, ni nos hemos preocupado en
legislar para dar seguridad jurídica a los diversos sectores que forman a
Venezuela rural, ni mucho menos garantizar la seguridad alimentaría del
país, la cual debe ser considerada como parte fundamental del concepto de
seguridad nacional.
Ante tales circunstancias, y ante la
profundización de la crisis estructural que vive el país, como una
necesidad impostergable e histórica, el gobierno actual, a través de una
comisión presidencial adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría, ha
procedido a elaborar un prospecto de «Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola
y Seguridad Alimentaría», cuya filosofía se fundamenta en la elaboración
de estrategias sectoriales articuladas, dentro del marco macroeconómico,
en un contexto de flexibilidad y gradualidad, para impulsar la
transformación del sector agrícola y lograr la seguridad alimentaría, la
organización de los productores fundamentalmente los del sector
privado vinculados con la actividad agrícola y agroalimentaria, a fin de
facilitar su participación en la recomendación de políticas en la
planificación, y su incorporación en la ejecución de programas de
desarrollo.
Por otra parte, el proyecto hace
énfasis en la atención a la formación, capacitación y desarrollo de las
comunidades rurales e indígenas y, especialmente, de los productores
agrícolas, así como la investigación, la transferencia de tecnología y su
articulación con las instituciones de educación superior.
Con el anteproyecto a que hacemos
referencia, se pretende dar prioridad a la reafirmación de Reforma Agraria
integral, prevista en Ley de Reforma Agraria vigente declarando la
actividad agrícola como de interés nacional y fundamental para el
desarrollo económico de la nación. Por primera vez, en un proyecto de ley
se considera el derecho a la alimentación como uno de los derechos humanos
fundamentales y se obliga al Estado a garantizar el abastecimiento
alimentario, hasta alcanzar un nivel de abastecimiento estratégico tal y
como lo exige la seguridad alimentaría.
Es profundamente significativo el que,
antes de ser remitido el anteproyecto a las Cámaras Legislativas, algunos
sectores vinculados de una u otra manera a nuestra actividad agropecuaria,
le hayan hecho objeto de serias e irracionales críticas, hasta el punto de
considerarlo como un instrumento jurídico inconstitucional.
Nos toca a nosotros, los
universitarios, promover y realizar una profunda discusión a nivel
nacional en tomo a la letra y contenido de este anteproyecto de ley con el
propósito de lograr el consenso de las inmensas mayorías nacionales,
independientemente de la concepción política que se tenga para que éste se
convierta en ley de República y abrir caminos que nos conduzcan a la
superación de la crisis de la producción de alimentos que afecta a más del
75% de la población, la cual vive en pobreza crítica.
En esta dirección, se hace
imprescindible realizar un proceso de concertación que desemboque en un
compromiso nacional de lucha por la seguridad alimentaría y el desarrollo
rural, en el cual se involucren todas las universidades nacionales los
Ministerios de Relaciones Interiores y de Agricultura y Cría, el Congreso
Nacional, la CTV, el IICA y todas las organizaciones gubernamentales o no,
interesadas en la superación de la más grande de las crisis históricas que
ha padecido el país.
__________
* Doctor investigador |
